Publicación en español de la Arquidiócesis de Denver
Octubre 2007

Inmigración y los Obispos de Estados Unidos
A través de un comunicado de la Conferencia Episcopal de este país, los obispos muestran su preocupación ante el Debate Nacional sobre Inmigración

En un comunicado publicado el 27 de Septiembre, el Obispo Gerald R. Barnes de San Bernardino, CA, presidente del Comité para Asuntos Migratorios de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, expresó preocupación sobre la dirección y el tono del debate nacional sobre inmigración. Una propuesta legislativa para una reforma comprehensiva del sistema migratorio de los Estados Unidos se estancó en el Senado el pasado 28 de Junio.

El fracaso del Senado de los Estados Unidos en aprobar una reforma migratoria comprehensiva ha retrasado, no terminado, los intentos por reparar ampliamente un sistema de inmigración con serios problemas. Es perturbador que nuestra nación aún no haya encontrado la voluntad para resolver humanamente este desafiante asunto que confronta nuestra nación.

El debate sobre la reforma migratoria, aunque ha provocado análisis más informados y cuidadosa discusión, también ha generado dura retórica antiemigrante en este país, particularmente contra aquellos sin estatus legal. Animados por programas de radio y organizaciones antiemigrantes, esta retórica ha incrementado los temores y malentendidos entre ciertas porciones de la sociedad estadounidense, generando una atmósfera de polarización y enojo.

Aunque en este momento las voces divisivas y atemorizantes tienen alto el volumen, con más educación la verdad acerca de la inmigración y los inmigrantes en este país prevalecerá en última instancia. Los trabajadores emigrantes, incluyendo los indocumentados, hacen grandes contribuciones a la economía de nuestro país al trabajar en industrias como la agricultura, la construcción y los servicios. Sin embargo, nuestro país se ha negado a reconocer esas contribuciones y, en cambio, los ha relegado a una subclase permanente de trabajadores, sin plenos derechos en nuestra sociedad. Esto no es digno de una gran democracia.

Es más, las consecuencias plenas de la inacción federal sobre la reforma migratoria son cada vez más aparentes, pues los trabajadores emigrantes en todo el país están siendo sujetos a redadas migratorias y a otras acciones que separan a las familias y llevan a la explotación y al abuso. Nos hallamos preocupados gravemente con las medidas ejecutivas que dividen a las familias y que se dirigen a escuelas, hospitales y centros de servicios sociales donde los emigrantes reciben asistencia para sus necesidades humanas básicas.
La legislación y ejecución administrativa de las iniciativas a nivel federal también son causa de preocupación, particularmente el paquete de medidas ejecutivas anunciado recientemente por la Administración. Un aspecto central de este paquete es el plan anunciado por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) de usar las cartas de “no-match” (no coincide) de la Administración del Seguro Social (SSA) que notifican a los empleadores cuando el número de seguro social de un empleado no coincide con la base de datos de la SSA. El DHS y la SSA no deberían utilizar la información sobre salarios e impuestos para hacer cumplir las leyes migratorias. Tememos que, dada la inadecuación de las bases de datos tanto de la SSA como del DHS, el uso de estas cartas pueda llevar al despido de trabajadores inocentes. También nos preocupa que al ser expedidas estas cartas puedan ser utilizadas por empleadores sin escrúpulos para discriminar contra ciertos trabajadores.

La inacción del congreso también ha alentado a los gobiernos estatales y locales a llenar el vacío federal tratando de solucionar el asunto a nivel local a través de ordenanzas estatales y municipales. Estas acciones están parchando la nación con diferentes políticas migratorias. Para empeorar el asunto, hay jurisdicciones locales que se oponen unas con otras y hay municipios y condados que están pasando medidas antiemigrantes. Los estados y municipios que buscan forzar a los emigrantes a dejar el país a través de denegarles los medios de subsistencia no sólo violan la dignidad humana, sino que minan el bien común.

Reafirmamos nuestro punto de vista de que medidas solo punitivas, a cualquier nivel jurídico, llevarán únicamente a transformar todavía más a los inmigrantes indocumentados en una subclase oculta, y generará aun más temor y sospecha en las comunidades inmigrantes. Tales medidas no arreglarán un sistema que es inadecuado para responder a las demandas laborales de nuestra economía.

Los Obispos de los Estados Unidos reconocemos el derecho de nuestro país de controlar nuestras fronteras y hacer cumplir las leyes migratorias. Ese esfuerzo, sin embargo, debe respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas, minimizando la separación de familias.

Como los Obispos de los Estados Unidos han afirmado de forma consistente, una reforma migratoria comprehensiva, que reforme todos los aspectos de nuestro sistema migratorio, es la mejor forma de mantener seguro nuestro país y de solucionar de forma humana y efectiva el problema de la inmigración no autorizada a nuestro país. Urgimos al Congreso a que retome inmediatamente la consideración de una reforma migratoria comprehensiva. Hacemos un llamado a los católicos y a toda la sociedad norteamericana a que trabajen juntos de forma constructiva para asegurar un resultado positivo en este importante debate nacional.

E-mail: elpueblo@archden.org
Editora: Rossana Goñi
Directora General: Jeanette DeMelo