Propuesta de Ley 1090 empeora por acciones del Senado
No se sirve a la justicia enjuiciando a los inocentes de hoy por los pecados y crímenes del pasado
Por el Exmo.
Monseñor
Charles J. Chaput,
O.F.M. Cap
Las buenas intenciones no justifican las malas leyes. Ayudar a víctimas de abusos sexuales del pasado es algo vital y admirable - pero no cuando se usa como razón para crear una nueva clase de víctimas en nombre de la misma “justicia” errada.
El esfuerzo constante de algunos legisladores en la Asamblea General de Colorado de cargar a la comunidad católica con responsabilidades civiles retroactivas por casos de abuso sexual pasados es un ejemplo de manual de cómo la ira puede pasar por “justicia”. Los registros públicos de las audiencias de esta Asamblea sobre legislación en materia de abuso sexual están plagados de hostilidad hacia la Iglesia católica, y por extensión, a los católicos que forman parte de ella. Para su reconocimiento, varios de nuestros legisladores estatales se han aproximado a ese sensible tema con un adecuado equilibrio, prudencia, compasión y sentido común. Pero otros no lo han hecho.
A través del país, parroquias, diócesis y organizaciones católicas se han convertido en el blanco de acciones legales civiles predatorias y de acuerdos totalmente paralizantes para la comunidad. Las personas que pagan por estos juicios dañinos son siempre las mismas. Son familias católicas promedio inocentes, que no tienen nada que ver con las malas acciones de algunos abusadores malos o mentalmente enfermos de hace 25, 35 ó 45 años.
Nadie discute la necesidad de leyes severas contra el abuso sexual de menores. Y todos -tanto dentro como más allá de la Iglesia - están de acuerdo en ayudar a sanar a las víctimas de abuso sexual en su niñez, es una necesidad seria y urgente. La Arquidiócesis de Denver sinceramente trata de ayudar a las víctimas de abuso sexual y sigue urgiendo a las víctimas a acercarse para recibir asistencia. Pero enjuiciar a los inocentes de hoy por pecados y crímenes del pasado no es justicia.
Al inicio de la primavera, los obispos católicos de Colorado apoyaron el proyecto de ley 1088, en el que elimina la prescripción criminal a futuros casos de abuso sexual de menores. La razón es sencilla. Sus promotores - la Representante Rosemary Marshall y la Senadora Paula Sandoval - escucharon las preocupación de la comunidad y revisaron el proyecto 1088 según lo escuchado. El Gobernador Owens la firmó convirtiéndola en ley. Aunque no es una ley ideal, nadie puede discutir que es justa.
Desde hace algunas semanas, los católicos y muchas personas de buena voluntad en Colorado han esperado el mismo resultado justo y razonable con el proyecto de ley 1090, que trata el aspecto de la responsabilidad civil del abuso sexual. Esta primavera, el proyecto de ley 1090, aunque errado, pasó el voto del Congreso con algunas simples mejoras. Pero algunos senadores claves prácticamente re-escribieron el proyecto 1090 con los peores y más prejuiciados elementos punitivos del proyecto del Senado 143, lo pasaron en el Senado por el margen de un voto, y lo enviaron de vuelta al Congreso en la forma que un congresista estatal frustrado escribió como “mutilado”.
Hasta el lunes, 1 de mayo, el proyecto de ley 1090 estaba en camino para un comité conjunto del Congreso y el Senado para acordar un texto final. Aunque las probabilidades de que una versión buena y justa del proyecto de ley 1090 surja de la conferencia es muy baja a este punto, todavía podemos esperar - y ciertamente debemos rezar - por una legislación razonable que gente razonable pueda apoyar.
Desde el principio de la sesión de la actual Asamblea, algunos promotores del proyecto de ley 1090 y de la 143 han desinformado repetidamente al público sobre la naturaleza real de estos proyectos.
También desde el principio, los católicos han insistido que la “responsabilidad retroactiva” es injusta y peligrosa; que el verdadero blanco de estos proyectos son prejuiciadamente los católicos y sus instituciones; y que todas las instituciones, tanto públicas como privadas deberían enfrentar las mismas penalidades, daños financieros y estándares de información para el abuso de sexual de menores que ocurre en toda la sociedad.
Previamente en esta sesión un congresista estatal hostil advirtió que la Asamblea iba a “evidenciar la farsa” de la Iglesia católica produciendo una versión justa del proyecto de ley 1090, como si las muy serias preocupaciones de la comunidad católica fueran meramente un complot.
Pero el proyecto de ley 1090, tal como está- y tal como lo señalo el Rocky Mountain News en su editorial del 1 de Mayo- no evidencia ninguna “farsa” de nada, era un proyecto viciado cuando dejó el Congreso. Ahora que regresa es un proyecto profundamente injusto y malo. Sólo podemos esperar que los legisladores se den cuenta. |