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¿Igualdad bajo la ley? En algunos asuntos depende...Carta abierta a los fieles del norte de Colorado de sus obispos católicos En días recientes, los Representantes del Estado Rosemay Marshall (D-Denver) y Gwyn Green (D-Denver), junto con la Senadora Estatal Joan Fitz-Gerald (D-Golden) y la Representante Estatal Alice Madden (D-Boulder), han presentado varios proyectos de ley relacionados a la Asamblea General de Colorado. Cada uno de ellos eliminaría o modificaría los límites de prescripción de tal manera que la víctima de un abuso sexual en la infancia pudiera esperar 30, 40 o más años antes de presentar un juicio por daños contra instituciones católicas y otras entidades privadas en Colorado. Estos proyectos de ley necesitan ser considerados a la luz de noticias como la que fue dad a conocer en la primavera del 2005 por un importante canal de noticias de Colorado. Según el reportaje, un niño sufrió heridas severas en propiedad de una escuela pública durante un programa supervisado. El distrito de la escuela pública nunca negó que los niños habían estado impropiamente supervisados. Pero cuando la familia de la víctima buscó ser compensada por los recibos médicos, el distrito escolar declinó aduciendo la doctrina de inmunidad soberana. Peor aún, los abogados del distrito escolar amenazaron indirectamente con lanzar un contra juicio por gastos legales si la familia decidía ir a la corte. Todos coincidimos con que el abuso sexual de un menor es un crimen serio y un grave pecado. Los proyectos de ley propuestos, cualquiera que sea su forma final, o incluso si son retirados o siguen adelante, han desatado una importante discusión. ¿Cuál debería ser la política pública de Colorado en el caso de juicios civiles producto de tales abusos sexuales? ¿Y debería haber dos formas desiguales de injusticia –una versión blanda cuando el agresor sexual trabaja para una entidad pública, y otra, versión mucho más dura cuando el agresor sexual trabaja para una institución católica o privada? A nivel nacional, la evidencia es actualmente irrefutable de que el abuso sexual y la conducta equivocada contra menores en escuelas públicas es un problema serio – de hecho, más serio que en cualquier otro lugar fuera de la casa, incluyendo iglesias. Dado que la mayor parte de los niños católicos van a escuelas públicas en Colorado, esto debería preocupar seriamente a toda la comunidad católica. La aplicación en Colorado de la inmunidad soberana limita dramáticamente la capacidad de una familia de enjuiciar a un distrito de escuela pública, o a instituciones públicas similares, por el abuso sexual de su hijo o cualquier otra actividad dañina. Pero la situación real en nuestro estado es aún más preocupante que esa. Bajo la ley de Colorado, incluso si no hubiera inmunidad soberana, la víctima de la conducta errada de un profesor de escuela pública debe iniciar su reclamo presentando una queja formal no después de 180 días de ocurrido el incidente. Más aún, los daños para los acusadores del gobierno tienen un límite de $ 150,000. Para los católicos y cualquier persona razonable, dos preguntas surgen. Primero, ¿por qué la víctima del abuso de un profesor/a o un clérigo en una escuela católica o parroquia puede esperar toda una vida antes de iniciar un litigio, mientras que la víctima de exactamente el mismo e incluso más frecuente abuso en una escuela pública pierde su posibilidad de reclamar si espera 181 días? Segundo, ¿por qué una institución católica que es enjuiciada por tal conducta es punible de daños masivos, incluso si se renunciara a la inmunidad soberana enfrentarían apenas $150,000 en daños? Existe una muy buena razón por la cual SESAME, un grupo nacional de víctimas de abuso en escuelas públicas ha tenido tanta dificultad para organizarse en Colorado. Nuestras leyes estatales hacen completamente inútil que un grupo de esta naturaleza se organice o actúe. Los católicos han aprendido el alcance nacional y el impacto humano del abuso sexual por la vía dura. Como obispos, estamos comprometidos de todo corazón a ayudar a las víctimas a sanar y hacer todo lo que podamos para proteger a nuestras familias en cualquier ambiente eclesiástico. Toda víctima de abuso sexual sufre profundamente y merece nuestra compasión. Pero los hechos muestran claramente que el abuso sexual de menores no es de ninguna manera únicamente –o siquiera desproporcionadamente – un problema “católico”. Los hechos demuestran que muchas autoridades públicas han tenido muy poca responsabilidad en temas de conducta sexual errada y abuso por demasiado tiempo. Como sociedad, si la gente de Colorado está realmente comprometida con poner fin al abuso sexual de menores, eso necesita cambiar. Por el bien de la justicia y el sentido común –y por el bien de sus propios hijos– los católicos tienen que exigir a los legisladores de Colorado el fin de las inequidades legales de nuestro estado en la manera de manejar los casos de abuso sexual de menores. Monseñor Charles J. Chaput, O.F.M. Cap., Para mayor información en legislaciones e inequidades en la ley de Colorado referidas al abuso sexual de menores, comuníquese con la Conferencia Católica de Colorado al 303-894-8808. |
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