Voz católica se expresa crítica frente a Reforma de Inmigración
y otros proyectos de ley
Abril de este año está siendo un tiempo crítico por dos muy distintos pero importantes motivos que enfrenta el público de Colorado. Ambas tienen grandes implicancias para el estado y la vida de nuestra comunidad católica.
Primero, a nivel federal, el debate sobre la reforma de inmigración alcanzará una coyuntura clave en el Senado de los Estados Unidos esta semana. El senador de Colorado Ken Salazar ha servido de buena manera al estado discutiendo sobre ambas legislaciones, el acrecentamiento de la seguridad en las fronteras y el refuerzo de las leyes internas, pero a la vez, propone un camino razonable para que los trabajadores indocumentados puedan registrarse y obtener visas temporales y ganar así un camino hacia la ciudadanía a través de un proceso legal de inmigración.
El Senador Salazar no apoya el programa de amnistía general y la Iglesia tampoco promueve tal política. El proyecto de ley que él apoya - la revisión al precedente proyecto de ley 1033 McCain/Kennedy por el Comité Judicial del Senado- lo describe como “ley y orden” una parte de la legislación con un énfasis apropiado en la seguridad fronteriza y refuerzo de la ley de inmigración.
El proyecto de ley revisado por el comité, duplicará el número de agentes de Patrullas Fronterizas, añadirá 5,000 nuevos agentes investigadores de inmigración, harán más eficiente el proceso de deportación para quienes falten a la ley, mejorarán la detección de documentos falsos, extenderán autoridades para expulsar a supuestos terroristas, establecerán nuevos puestos de control, cercas y puntos de acceso con mejores sistemas de seguridad y aumentarán las penalidades para miembros de bandas, falsificadores de dinero y traficantes de personas.
Si, esto suena fuerte, el Senador Salazar reconoce que lo es. Pero lo que aparta al proyecto de ley del Comité Judicial del Senado de otras propuestas de legislación sobre inmigración, es el sentido común de dirigirse a la realidad económica y humana que nuestra nación enfrenta hoy.
Los Estados Unidos tienen una población de más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en la actualidad. La gran mayoría de “ilegales” son respetuosos de la ley. La gran mayoría realiza trabajos que nuestra economía necesita y que pocos Americanos ven como trabajos deseables. Acorralar a estas personas y regresarlas a sus países de origen, si esto fuera posible, no tendría ningún sentido económico. Peor aún, para los miles de niños traídos y educados aquí por trabajadores indocumentados, “el hogar”, en toda forma práctica, es los Estados Unidos. Ellos no tienen otro lugar donde ir. Los muchos jóvenes nacidos aquí en familias indocumentadas enfrentan una situación aun más difícil: son ciudadanos Americanos. Sus padres no lo son.
El proyecto de ley del Comité Judicial del Senado requerirá que los trabajadores indocumentados paguen una penalidad por su anterior estado ilegal, se registren en el gobierno, obtengan una visa temporal de trabajo, pasen por una revisión de los antecedentes penales, no tengan antecedentes criminales, paguen sus impuestos atrasados, aprendan inglés y la historia de Estados Unidos y del gobierno, pasen un examen médico y vayan al final de la fila del proceso legal de inmigración.
Estos son requisitos difíciles - pero son posibles, realistas y humanos.
La ley de inmigración es un área en donde personas de buena voluntad pueden estar en desacuerdo legítimamente. Para los católicos, las dos preguntas fundamentales para todo proceso de políticas sociales son muy simples: ¿Sirve al bien común; y promueve y protege la dignidad de la persona humana?
Mientras el proyecto de ley del Comité Judicial del Senado no es perfecto, es un gran avance por encima de otras propuestas de reforma migratoria que se enfrentan normalmente en el Congreso. El Senador Salazar ha hecho una labor admirable trabajando de manera bi-partidaria en el tema de la reforma de inmigración para servir a ambos de los objetivos claves de una buena política social. Espero que los católicos en la Arquidiócesis de Denver consideren apoyar este proyecto de ley y hagan saber su convicción al Senador de Colorado Wayne Allard como a sus distintos representantes en los Estados Unidos. El voto en el Senado sobre este proyecto de ley podría realizarse al final de esta semana. Hoy, es tiempo de expresar tus ideas a tus representantes en el Congreso.
Los católicos enfrentan un segundo tema vital a nivel estatal este mes. En los próximos días y semanas la Asamblea General de Colorado concluirá un debate de dos muy serios y defectuosos proyectos de ley: Proyecto de Ley 1090 y Proyecto de Ley del Senado 143. Ambos proyectos de ley enmascaran una falsa justicia por las víctimas de abuso sexual, pero ninguna - en su forma actual- es comprensiva y equitativa en su aplicación o justa. Ninguno de los proyectos de ley hace algo para proteger víctimas de abuso en el futuro. En efecto, ambas están cuidadosamente hechas para imponer un modelo prejudicial de “responsabilidad retroactiva” en la comunidad católica y otras entidades privadas por reclamos civiles de abusos sexuales, mientras ignoran la envergadura real del problema del abuso sexual en la sociedad.
El sufrimiento de las víctimas de abuso sexual es muy real. Como comunidad de fe, la Iglesia necesita recordar el terrible dolor causado por cualquier miembro del clero que en algún momento abusó de un niño. Necesitamos trabajar seriamente para ayudar a sanar a las víctimas. Al mismo tiempo, como muestran implícitamente las dos conmovedoras entrevistas de esta semana en el Denver Catholic Register, el abuso sexual no es única o incluso desproporcionalmente sólo un problema católico. Si el abuso sexual es un pecado y crimen graves -y con certeza lo es- entonces nuestras leyes necesitan referirse a ello de manera equitativamente justa y vigorosa para todos los individuos y entidades ofendidas, sin una “responsabilidad retroactiva”, y sin esconder protecciones y cláusulas escapatorias. Los católicos necesitan presionar a sus legisladores para que decidan no menos que esto.
Las personas interesadas deben comunicarse con la Conferencia Católica de Colorado al teléfono 303-894-8808 para obtener información de como contactarse con sus representantes en el Congreso. |
