A lo largo del país, 38 estados, incluyendo el nuestro tienen la pena de muerte. Eso suma alrededor de 3,400 hombres y mujeres esperando ser ejecutados –cifra suficiente para poblar un pueblo de Colorado del tamaño de Yuma. La semana pasada la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó las apelaciones de más de 100 de estas personas condenadas.

En el 2002, la Corte Suprema revirtió las leyes de varios estados en las cuales el jurado o el juez habían determinado la culpabilidad de una persona acusada, pero luego los jueces por sí mismos habían decidido si es que circunstancias especiales –tales como múltiples víctimas o brutalidad extrema– convertían a un asesino convicto, en elegible para la pena de muerte.

En aquella ocasión la corte dijo que el derecho constitucional de una persona a un juicio con un jurado impedían las sentencias de muerte impuestas sólo por los jueces. Pero la semana pasada, la corte dijo que su decisión de 2002 no implica una revisión total de las condenas cuyo curso de apelación ya ha corrido.

Escribiendo para la mayoría de 5 a 4, el juez Antonin Scalia reconoció que “El derecho a un juicio con jurado es fundamental para nuestro sistema procesal penal, y los estados están obligados a cumplir las garantías de la sexta enmienda tal como las interpretamos.
Pero añadió que cuando un acusado ha tenido un juicio completo y ha perdido la apelación “éste (no debería poder) seguir litigando indefinidamente con la esperanza de que algún día nosotros cambiaremos de disposición”.

En otras palabras, los asuntos constitucionales resueltos por la corte en 2002 no son retroactivos. El “derecho fundamental” a la participación de un jurado en cualquier decisión final sobre la pena capital, fue suficientemente importante como para ser clarificada en 2002 –pero no tan importante como para interferir con más de 100 ejecuciones pendientes. En consecuencia, es fácil leer la opinión de la corte como producto de la impaciencia, más que como producto de un buen sentido legal o moral.

La creciente adicción norteamericana a la pena de muerte es uno de los grandes signos del corazón dividido de nuestra nación respecto de la santidad de la persona humana. Durante el pasado medio siglo, la Iglesia ha animado repetidamente a las naciones a apartarse de la pena capital como respuesta al crimen.

La pena de muerte no previene la violencia. No devuelve a las víctimas. No es necesariamente el castigo más seguro para el criminal. Peor aún, casi con certeza personas inocentes han sido condenadas por un sistema judicial inadecuado y han sido ejecutadas por crímenes que no cometieron.

Los norteamericanos son un pueblo libre con instituciones públicas fundadas en la dignidad humana. No necesitamos matar personas para reivindicar nuestras leyes y castigar el crimen. Todo lo que conseguimos con la pena de muerte es contribuir a la cultura de la violencia mostrando la venganza como modelo a nuestros hijos y despreciando nuestra propia humanidad.

Dios nos hizo mejores que esto. Aunque las Escrituras y la Tradición católica respaldan la legitimidad de la pena capital bajo determinadas circunstancias, el Papa Juan Pablo II ha insistido una y otra vez que tales circunstancias casi nunca se dan en los países desarrollados de hoy. Somos llamados a servir a la justicia a través de un camino moral más elevado de misericordia y autocontrol.

La ironía en este año electoral es que tanto el Sr. Kerry como el Sr. Bush respaldan la pena de muerte. Igual que la mayoría de norteamericanos. Igual que la mayoría de católicos norteamericanos en ambos partidos políticos. Por tanto, incluso en un ciclo electoral sorprendentemente amargo, la mayoría de norteamericanos si están de acuerdo en algo.
Que pena que en este tema se esté tan terriblemente equivocado.